ECUADOR SE MOVILIZA

El pasado sábado 14 en la ciudad de Cuenca, diferentes organizaciones sociales que representan a diferentes sectores de la población, se dieron cita en la Convención Nacional Unitaria de la Coordinadora de Organizaciones Clasistas del Ecuador (COCE), para expresar sus puntos de vista frente a las políticas del gobierno de Rafael Correa. Manifestando que el llamado gobierno de la Revolución Ciudadana, está equivocando de rumbo y que es necesario que la tendencia democrática, progresista y de izquierda pueda tener nuevos actores, y haciendo uso de la independencia de clases se dirija a un proceso unitario, que permita la cohesión del movimiento social y popular ecuatoriano.
 
 
Un espacio creado para la movilización y la lucha independiente desde lo popular, que surge como consecuencia de una conflictividad entre el pueblo ecuatoriano y la política del gobierno de los capitalistas. Un espacio en construcción, amplio y no excluyente; que busca privilegiar los objetivos comunes, es el que se observó en esta convención. Definiéndose como aquellos que enfrentan al gobierno neoliberal; que no están a favor del diálogo con el gobierno, aquel que actúa como mecanismo de la burguesía que aplasta y vende las luchas; se reconocen cómo izquierda, señalando dentro de sus principios la independencia de clases.
 
Manifiestan oposición a la división de los trabajadores a través de la clasificación en obreros y empleados, como un objetivo político del gobierno en el sector laboral, enviando a una gran mayoría de trabajadores a una ley de esclavitud, como será la Ley Orgánica de Servicio Público. Denuncian los Mandatos Constituyentes (2,4 y 8), en los que advierten la clara intención de vulnerar el derecho a la organización sindical y a la contratación colectiva, que ya ha ocasionado el despido masivo de miles de trabajadores. Así mismo, denuncian que el Ministerio del Trabajo ha anulado el derecho al reclamo y a la protesta; que la nueva Constitución, en los artículos 229 y 326 criminaliza la lucha social, señalando que el estado puede infringir la autonomía sindical. Como también el Decreto Ejecutivo 1701, el que ordena la división de los trabajadores en empleados y obreros, donde solo estos últimos continuarán en el Régimen del Código del Trabajo.
 
 
 
A todo esto se suma la protesta de las organizaciones de las comunidades afectadas por los proyectos de la minería a gran escala, la de los estudiantes y la de las organizaciones de base en general.